‘Olvídate de mí’: el nuevo filón para los negocios Al menos dos empresas granadinas ofrecen un servicio para eliminar información personal aplicando el 'derecho al olvido'.

Alrededor de dos meses ha tardado un empresario andaluz en teclear su nombre en Google y no sentir escalofríos. Entre los resultados del buscador ya no aparecen noticias en prensa que destacaban su imputación en el ‘Caso Ballena’ ni los documentos judiciales que reflejaban la investigación que terminó por absolverle. Aunque esa información no ha dejado de existir, el buscador ya no lo refleja.

«Desde que comenzamos a ofrecer este servicio en junio, hemos atendido tres peticiones», explica Juan José Peña, director de Evalúa Consultores y experto en protección de datos. Su negocio ofrece la posibilidad a individuos y empresas de borrar su rastro en Internet: publicaciones del BOE, noticias, sentencias judiciales e incluso fotografías en redes sociales.

El conocido como ‘derecho al olvido’ es la adaptación al contexto de Internet del ya existente derecho de cancelación. Un instrumento para que los ciudadanos defiendan su privacidad suprimiendo datos e información que carezca de relevancia pública o les esté causando un daño personal.

Sentencia

Aunque logró amparo legal el pasado mayo tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ya en el año 2007 la Agencia Española para la Protección de Datos recibió tres peticiones para intervenir frente a Google. Ahora gestionan de forma gratuíta más de 200 de las cuales alrededor del 30% prosperan. Sin embargo, antes de recurrir a la Agencia la persona interesada debe dirigirse al sitio web de origen -periódico, red social o base de datos- donde aparece la información. A continuación debe contactar al buscador que ofrece los enlaces y pedirle justificadamente con documentos que esos datos desaparezcan. «Es un trabajo de chinos y engorroso», cuenta Marcos Galera, de Agaz, otra empresa granadina que ha gestionado alrededor de diez consultas desde mayo. Si se niegan a retirarlo entra en acción la Agencia, que puede llevar el caso hasta la Audiencia Nacional. «Google y Facebook están colaborando», admite Juan José y remite a los formularios que se han habilitado para que cualquier persona pueda hacerlo, sin embargo Galera puntualiza que no contemplan todos los supuestos.

Ellos han visto en esa tediosa tarea una oportunidad de negocio. En Evalúa se comprometen a encontrar todos los enlaces con datos, contactar con los responsables y documentar la petición. «El precio depende del número de enlaces que se quieran eliminar y lo difícil que resulte convencer a la página web para que lo haga» explica Peña. En Agaz, sin embargo, comienzan a trabajar cuando a sus clientes les han rechazado la petición directa. Entonces interponen una demanda y los gastos suelen superar los 1.500 euros.

Figuras públicas y padres

Quienes más solicitan este servicio son figuras públicas, empresarios y políticos que quieren eliminar sentencias judiciales o informaciones que consideran falsas, inexactas, inapropiadas u obsoletas. También padres a cuyos hijos les han suplantado la personalidad en redes sociales o colgado fotografías hirientes.

Los detractores de este ‘derecho al olvido’ creen que la libertad de expresión e información corre peligro, pudiendo provocar una censura donde encontrar algo malo sobre la gente sea imposible.

Pero la Agencia Española para la Protección de Datos recalca que cada caso se estudia de forma individualizada y hay establecidos límites y criterios concretos para evaluarlos. De hecho, está previsto que en 2015 entre en vigor un reglamento europeo contodo tipo de especificidades.

Fuente: Ideal (05/09/2014)