Los administradores de sociedades mercantiles tendrán que hacerse autónomos

La Seguridad Social ha comenzado a exigir el encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de todos los administradores y apoderados de sociedades mercantiles, lo que supone un cambio radical en la forma de actuar de este organismo.

Hasta ahora, cuando los administradores o consejeros delegados de una sociedad mercantil (con carácter solidario y que además fuesen titulares de un porcentaje igual o superior al 25% del capital) cursaban el alta ante la Seguridad Social en el RETA, era suficiente con que al menos uno de ellos se diese de alta para cumplir con los requisitos exigidos por la Tesorería de la Seguridad Social. En cambio, desde el pasado diciembre tienen que estar todos dados de alta, cambio que este organismo está comunicando en estos días a las sociedades afectadas.

Habitualmente, cuando se constituía una pequeña sociedad mercantil, se solía dar de alta en el RETA a un solo administrador. Por ejemplo, si un matrimonio en gananciales, dos hermanos o un socio trabajador y otro capitalista acordaban en los estatutos mercantiles de su nueva sociedad funcionar con un órgano de administración, formado por dos administradores solidarios.

«Los efectos van a ser demoledores. Este cambio de criterio supondrá un grave problema para la supervivencia de muchas pymes españolas, que ya están afrontando una coyuntura muy complicada», asegura Miguel Ángel Ferrer Garcerán, socio director del despacho Arrabe Asesores.

De este modo, lo que hasta ahora admitía la Seguridad Social deja de tener validez. Un Administrador que lleve cuatro años en esta situación y que se vea obligado a regularizar su situación con retroactividad, tal como este organismo está reclamando, puede tener que hacer frente a un pago mínimo de 15.000 euros, entre cuotas no ingresadas y recargos por ingresos fuera de plazo.

En España hay cerca de un millón de sociedades, según datos del Registro Mercantil Central, de las que más del 15% pueden estar afectadas por esta grave medida (más de 140.000 sociedades). Esto puede suponer unos ingresos para la Administración de unos 2,2 millones de euros como mínimo, en su mayor parte a costa de las pequeñas y medianas empresas españolas.