Las medidas fiscales ahorran 280 millones a las empresas

El presidente del Gobierno anunció varias medidas de estímulo fiscal en el debate sobre el estado de la nación. La iniciativa estrella, que las pymes y los autónomos no paguen el IVA hasta que no cobren las facturas, no supone, en realidad, cambios en la tributación fiscal. Tarde o temprano, Hacienda acabará recaudando ese dinero. Sí que lo supone la rebaja parcial del impuesto de sociedades IRPF para las nuevas empresas y autónomos, respectivamente. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, apenas 280 millones. El departamento que dirige Cristóbal Montoro, en un comunicado emitido ayer, explicaba que más de 75.000 nuevas empresas y autónomos podrán beneficiarse con la medida. 

En concreto, la reducción impositiva que detallaba el pasado sábado el BOE consiste en que las nuevas empresas pagarán en los dos primeros ejercicios que obtengan beneficios un 15% en los primeros 300.000 euros de su base imponible. A partir de esa cantidad pagarán un 20%, también en los dos primeros años. Eso supone una reducción sobre el tipo que suelen pagar las empresas de dimensión reducida, el 25%. Por esta medida, calcula Hacienda que el ahorro ascenderá a unos 270 millones. 

Esta medida tenía réplica para los autónomos, que podrán aplicarse una reducción del 20% en el IRPF en el rendimiento neto que obtengan durante los dos primeros años de actividad. El ahorro por esta vía, cree Hacienda, que será mucho más reducido: 10 millones de euros. 

El decreto ley publicado el sábado también contenía medidas de carácter laboral. Entre ellas varias exenciones y ayudas a la contratación, para poder recibirlas el Gobierno anunció el viernes que es necesario que las empresas mantengan el empleo. En cambio, el texto legal encierra un detalle significativo: en el cómputo no entran los despidos procedentes, aquellos en los que se entiende que hay una causa justificada para rescindir contratos (individual o colectivamente) y el asalariado recibe, en principio, 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. 

El Ministerio de Empleo ha aprovechado la ocasión para asegurar que los servicios públicos de empleo autonómicos comparten las ofertas de trabajo, como había exigido Bruselas. En la división de competencias en materia de Empleo, la Administración central se encarga de pagar el seguro de desempleo y la autonómica de las políticas activas, entre ellas está la gestión de las ofertas y demandas de trabajo.

Fuente: El País (25/02/2013)