El emprendedor evita la etiqueta ‘nueva empresa’

España ha ido bastante rápida, incluso más que muchos países de su entorno, en los cambios legales para la agilización de los trámites de constitución de sociedades. Pero ahí no está el cuello de botella, convienen los expertos, sino en la obtención de los permisos y licencias municipales y en el acceso a la financiación. De nada sirve poder constituir una sociedad en 24 horas en la notaría y el registro si los trámites anteriormente citados se demoran 18 meses.

Este cuello de botella es el que pretende desatascar el Gobierno ahora con las autolicencias exprés para el comercio. Le permitirá escalar posiciones en el ranking Doing Business del Banco Mundial, que sitúa ahora a España en el puesto 133 de 183 en agilidad en la constitución de empresas.

Esta es una de las causas del poco éxito que ha tenido desde su implantación la sociedad limitada nueva empresa (SLNE), puesta en marcha en 2003 como subtipo de la sociedad limitada para servir de vehículo específico para los emprendedores. Las ventajas fiscales ofrecidas por esta figura jurídica y la posibilidad de su constitución de forma telemática no han servido para contrarrestar otras desventajas, explica el notario madrileño Álvaro Lucini. No se soluciona, en su opinión, «la principal causa de retraso en el inicio de las actividades empresariales», que es la concesión de licencias por parte de la Administración.

Casi extinguida

Lucini asegura además que los emprendedores rechazan adoptar la fórmula de la SLNE para su negocio porque la etiqueta nueva empresa supone un cartel de bisoñez y modestia que no beneficia en el mercado. Asimismo, añade que se imponen unos estatutos-tipo que dejan poco margen para el emprendedor. La SLNE está prácticamente «extinguida», explica Luis Fernández del Pozo, registrador de la Propiedad y Mercantil de Barcelona. Nació con «buena intención», pero es «un traje demasiado estrecho».

En 2011 solo hubo 342 nuevos negocios que optaron por esta fórmula jurídica, el 0,35% de las nuevas sociedades constituidas, según datos del Registro Mercantil. Juegan en su contra también que la SLNE no permite la realización de ampliaciones de capital ni la introducción de cláusulas especiales en los estatutos, añade Fernández del Pozo. No se percibe una preocupación especial por parte de los emprendedores en que su sociedad esté constituida en 24 horas, sino en otros aspectos, que son los verdaderamente «críticos», explica. Álvaro Lucini sostiene que la SLNE tiene «un incierto futuro».

Lucini recuerda que la Comisión Europea recomendó en 2008 a los Estados la puesta en marcha antes de finales de 2012 de medidas para reducir el tiempo (tres días como máximo) y el coste (100 euros) de constitución de las pequeñas empresas. Estas orientaciones van también en la línea de reducir a un mes como máximo el plazo de concesión de todas las licencias administrativas, que se debe limitar a ese plazo antes de que finalice 2013. Desde diciembre de 2010 es posible la constitución telemática de todas las sociedades, no solo de la SLNE. El siguiente paso serán las autolicencias para el comercio que el Gobierno pretende poner en marcha.

El notario cree que la agilidad en los trámites no debe llevar aparejada una estandarización excesiva de las reglas de funcionamiento de la empresa, sino que ésta ha de elegir el diseño jurídico que mejor se adapte a sus necesidades, lo que evita litigios.

Autolicencias en el comercio, pero con controles

El Gobierno aprobó el 25 de mayo el sistema de autolicencias exprés, que sustituye la normativa actual y que reducirá el plazo de concesión de licencias administrativas -que ahora dura entre 6 y 18 meses- a 15 días. Será aplicable para comercios de hasta 300 metros cuadrados, excluida la hostelería.

El promotor del negocio realiza una declaración responsable de que cumplirá la normativa y comienza a funcionar sin esperar a los permisos pertinentes. El registrador Luis Fernández del Pozo explica que «algo había que hacer» porque no es «lógico» que el promotor de un negocio aguarde meses sin iniciar la actividad hasta que le lleguen los permisos. Pero «no hay respuestas mágicas» en la regulación del inicio de actividades empresariales. Este experto considera fundamental un «equilibrio» entre la seguridad jurídica y la agilidad en los trámites. Le parece bien este sistema de autolicencias, pero es partidario de controles tanto para verificar que la información aportada en la declaración responsable es cierta, como de sanciones lo suficientemente elevadas a posteriori que disuadan a los emprendedores de aportar datos no veraces.

Con el nuevo sistema, el empresario presenta una declaración responsable, paga las tasas municipales y, en los casos que sea necesario, encargará un proyecto técnico de obra firmado por un arquitecto o ingeniero. El Gobierno considera que así no se posponen decisiones que implican inversión y puestos de trabajo.