Un centenar de granadinos en riesgo de exclusión logra cada año un trabajo en empresas de inserción

Cerca de un centenar de granadinos en riesgo de exclusión social encuentra cada año una oportunidad laboral gracias a las empresas de inserción, sociedades que trabajan con estos colectivos para favorecer la integración social de estas personas y que actualmente emplean a más de 600 personas en Andalucía.

Así lo ha informado este miércoles la delegada de Empleo de la Junta en Granada, Marina Martín, durante la inauguración de las ‘XIII Jornadas de Empresas de Inserción Andaluzas’, donde ha recordado que el año pasado la Junta aprobó un decreto que regula este tipo de empresas y reconoce la labor que han realizado durante tantos años al ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión.

Las jornadas se han centrado en dar a conocer el valor de las cláusulas sociales en las contrataciones públicas, elementos que facilitarían a las empresas de inserción social el acceso a dichas contrataciones al presentar problemas de competitividad en relación con otras empresas convencionales como consecuencia del coste de las acciones educativas de rehabilitación sociolaboral y del seguimiento social que desarrollan.

De ser incluidas estas cláusulas en las contrataciones públicas, y según un estudio del Observatorio Andaluz de Empresas de Inserción, “con una facturación, por ejemplo, de diez millones de euros por parte de las empresas de inserción en concepto de contratos públicos, se podrían generar más de 600 empleos directos y un ingreso en las arcas públicas de 3 millones de euros”, ya que los beneficiarios obtendrían un contrato de trabajo y un salario, dejarían de cobrar por ello los subsidios y cotizarían en la Seguridad Social.

Por otra parte, Marina Martín ha anunciado que la Consejería de Empleo ultima la orden que desarrolla todas las medidas de respaldo público dirigidas a dichas entidades, al mismo tiempo que ha destacado las ventajas de inscribirse en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía (creado recientemente), condición que se exigirá a estas sociedades tanto para poder participar en las políticas autonómicas de acción contra la exclusión sociolaboral como para acceder a los incentivos y medidas de apoyo.

Fuente: La Opinión de Granada (29/06/2011)