Todas las ayudas estatales a las que los autónomos aún pueden acceder este verano El Gobierno ha ido eliminando muchas de las principales ayudas para autónomos que hubo en la pandemia. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia aún tienen algunas medidas disponibles de cara al verano, como financiación avalada, prestaciones o aplazamientos.

En los últimos meses, el Gobierno ha ido eliminando paulatinamente algunas de las principales medidas que han soportado desde el estallido de la pandemia a millones de autónomos, empresas y trabajadores. Las distintas modalidades de ayudas por cese de actividad extraordinario, los ERTEs y sus exoneraciones a raíz del COVID o los aplazamientos de impuestos y cotizaciones para todo el colectivo, son sólo algunas de ellas.

Sin embargo, a día de hoy y de cara al verano, los autónomos todavía siguen teniendo disponibles y pueden acceder a algunas medidas que quedan en vigor. Unas son estructurales y otras temporales, así como las hay para todos los autónomos y en otros casos para sólo algunos sectores afectados, por ejemplo, por la subida de costes de los carburantes y las materias primas.

Una de las medidas más recientes que pueden afectar a los autónomos es la aprobación definitiva por parte de Bruselas al  tope en el precio del gas, que ahora mismo determina el coste de la electricidad. Esto, según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera revertirá en una bajada de hasta el 20% en la factura de la luz, no sólo para los hogares, sino para cualquier consumidor -incluidos los autónomos- que tenga contratada la tarifa regulada.

Por otro lado, seguirán en vigor hasta agosto los aplazamientos en las cuotas a la Seguridad Social que, a pesar de haber pasado desapercibidos para muchos, permiten a algunos autónomos afectados por la subida de costes, como los transportistas, acceder a una moratoria con un interés especial y reducido del 0,5%. Así mismo, recientemente se aprobó una nueva línea de avales del ICO por valor de 16.000 millones de euros para permitir a los negocios afectados por la guerra en Ucrania -agricultura, transportistas…- acceder a financiación con respaldo del Estado y a intereses bajos. Si bien esta línea todavía sigue a la espera tras dos meses y queda más de la mitad de los fondos por desbloquear, podrían ser de gran ayuda para algunos trabajadores por cuenta propia durante los próximos meses de verano.

A todas estas medidas se unen las únicas modalidades de cese de actividad que quedan en vigor: la extraordinaria por cierre decretado y la prestación para autónomos de La Palma. Si bien todavía no hay autónomos que puedan acogerse al cese por decreto de cierre administrativo, ya que ninguna comunidad ha ordenado la paralización de ninguna actividad, sí podría ser de utilidad en los próximos meses ante posibles futuros rebrotes del coronavirus. Así mismo, siguen en vigor los ERTEs estructurales que se aprobaron con la reforma laboral y que, en algunos casos, podrían cubrir parte de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos que vean caer sus ingresos durante el verano.

Entre un 15% y un 20% menos en la factura de la luz para autónomos con tarifa regulada

La medida más reciente de todas las que están en vigor y que podría beneficiar a los autónomos en los próximos meses es la rebaja del precio de la luz a través del tope que acaba de aprobar Bruselas al precio del gas. Así pues, el Ejecutivo publicó en el BOE de este jueves una orden ministerial que pone en marcha, tras el visto bueno de la Comisión Europea, el tope al precio del gas para generar electricidad. La medida, que se tendrá en cuenta en la subasta del 14 de junio, tendrá efectos en el precio del gas a partir del 15 y revertirá tarde o temprano en la factura de la luz de la mayoría de consumidores, según asegura el Ejecutivo.

Según el Gobierno, la bajada del precio que pagan los consumidores finales, incluidos los autónomos y pymes, será especialmente importante y se notará de forma inmediata, desde el 15 de junio,  para aquellos que tienen contratada una tarifa regulada (PVPC) y para la industria que compre directamente al mercado mayorista.

Se espera que todos estos autónomos y demás consumidores con tarifa regulada vean bajar su factura de la luz entre un 15% y un 20%, según aseguró la vicepresidenta tercera y ministra de Transición EcológicaTeresa Ribera. El resto, los del mercado no regulado, sólo verán reducida su factura si finalizan o renuevan sus contratos durante el tiempo que esté en vigor esta medida, que tiene como fecha de fin el 31 de mayo de 2023.

Aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social

El Real Decreto Ley 6/2022 incluyó aplazamientos especiales de las cuotas de la Seguridad Social para ciertos sectores de autónomos y pequeños negocios. Esta medida, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como fin reforzar la liquidez de los autónomos más afectados por la crisis energética de luz y combustibles: transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores.

La moratoria a la que podrán acceder tendrá un interés especial y reducido del 0,5%, siete veces menos del que soportarían con la solicitud ordinaria a la Tesorería. Este aplazamiento estará disponible para los autónomos y empresas del sector del transporte con los siguientes CNAEs: 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942.

También podrán aplazar sus cuotas en las mismas condiciones tanto las empresas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar como los trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen. Para todos los sectores, en el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de abril a julio de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de mayo a agosto de 2022, para autónomos.

En el caso concreto de los autónomos de la agricultura y ganadería, a pesar de que no están incluidos en estos aplazamientos, sí tienen unos en vigor otros a causa de la sequía, con similares condiciones, sólo que en este caso empezaron en marzo y durarán hasta junio.

Nuevos avales ICO para autónomos afectados por la subida de costes

Los autónomos, que se estén viendo afectados por el incremento de costes derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia, ya pueden solicitar un crédito ICO avalado por el Estado. El Consejo de Ministros aprobó la apertura de un primer tramo de 5.000 millones de euros de la nueva línea de avales públicos que llegará hasta los 10.000 millones de euros. La medida, a diferencia del resto de acciones implementadas por el Gobierno a raíz del conflicto bélico internacional, está disponible para todos los sectores de actividad, exceptuando el financiero. 

A pesar de que ya se pueden solicitar, lo cierto es que tras más de dos meses, estos créditos avalados siguen en su mayoría bloqueados. Previsiblemente, esto se deba a la escasa demanda del primer tramo al que dio luz verde el Ejecutivo. En todo caso, los autónomos podrán acceder hasta diciembre de este año a uno de estos avales para acceder a financiación.

Como en anteriores ocasiones, la financiación avalada se destina a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos (gastos corrientes, capital circulante e inversiones). Y los requisitos serán los mismos que en las líneas COVID-19 (no estar inmerso en un concurso de acreedores…).

Cese de actividad extraordinario y exoneraciones para antiguos beneficiarios

Tras la desaparición en febrero de las principales modalidades de cese de actividad que acogían en ese momento a más de 100.000 autónomos, la POECATA y la prestación por bajos ingresos, de momento, y hasta julio, sólo quedarían tres ayudas distintas que pueden cubrir a algunos trabajadores por cuenta propia en determinados casos.

Esto sin contar que, recientemente, el Gobierno trasladó a las organizaciones de autónomos una propuesta para, en el marco de la reforma del sistema de cotizaciones, incluir nuevas prestaciones extraordinarias por crisis cíclica o sectorial, e incluso una revisión del cese ordinario para que sea más accesible.

  • Exoneraciones en la cuota

La principal ayuda que se mantuvo en vigor desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio son las exoneraciones decrecientes para los antiguos beneficiarios de las prestaciones por cese de actividad, que son entorno a 110.000. Los autónomos que hayan sido beneficiarios del cese de actividad hasta el 28 de febrero sólo tendrán que pagar en junio  el 75% de su cuota, que serían entorno a 216 euros para los que están por la mínima.

  • Una prestación específica para los autónomos de Palma

Además, desde febrero se mantuvo también la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán en Palma, que cubre hasta junio a aquellos que tienen un negocio afectado directamente e indirectamente por la catástrofe. Éste fue uno de los grandes logros de la organización de autónomos ATA que fue la que trasladó en un primer momento la propuesta al Gobierno.

Con esta prestación, los autónomos de Palma quedarán protegidos hasta julio por una prestación del 70% de la base de cotización y exoneración del 100% del pago de las cotizaciones-.

  • Prestación para los supuestos en los que se cierre la actividad

Frente a posibles rebrotes del virus,  desde el pasado 1 de marzo aquellos autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de la adopción de medidas restrictivas por parte de autoridad competente seguirán teniendo derecho a una prestación económica extraordinaria.

El único requisito de acceso sería haber sufrido el cierre por decreto de la Administración, además de cumplir otros requisitos como estar al corriente de pago de las deudas con Seguridad Social o Hacienda, y llevar afiliado al RETA, por lo menos, 30 días naturales.

Esta prestación sería del 70% de la base mínima, es decir, 661 euros al mes, además de la exoneración del 100% del pago de las cotizaciones.

ERTEs estructurales y sistema RED

A pesar de que los ERTEs extraordinarios por el COVID se eliminaron hace meses, la reforma laboral aprobada en febrero incluyó varias modificaciones en los ERTEs que, si bien es cierto que ya estaban antes de la pandemia, ahora serán más flexibles y más fáciles de acceder para los autónomos y pequeños negocios de manera estructural. Además, se incluyeron más allá de la pandemia las exoneraciones en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por los trabajadores, que antes no estaban contempladas.

  • ERTE ETOP

En los ERTEs ETOP se introdujeron algunos cambios para hacerlos más accesibles para autónomos. Así, el periodo de consultas que es requisito y se lleva a cabo para negociar la medida con los trabajadores se redujo a siete días -antes era de 15- para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.

También se incorporaron las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE COVID.

  • ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)

Por otro lado, a la fuerza mayor clásica se añadieron, como causa específica, el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa.

Para acceder a ellas, los autónomos requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será de entre un 10 y un 70%., Durante el periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Así mismo, para ambas modalidades -ETOP y fuerza mayor-, se incorporan varios elementos novedosos, recogidos de la experiencia de la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa, incrementando la flexibilidad de estos instrumentos; la posibilidad de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de los ERTE ETOP estas exenciones son del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. Están vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.

Se crea un nuevo mecanismo RED de flexibilidad para situaciones de crisis o problemas en un sector

Así mismo, con la reforma laboral se crea un nuevo modelo de ERTEs, denominado «Mecanismo RED» con el que los autónomos y empresas de todos los tamaños pueden seguir ajustando su plantilla y beneficiándose de exoneraciones importantes en las cotizaciones de sus trabajadores, independientemente de la pandemia.

Este nuevo ERTE «estructural» o ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ articulará dos nuevas modalidades de expediente para dar solución a dos causas que antes no estaban previstas y por las que se podrían ver afectados los negocios actualmente o en un futuro muy próximo. Éstas serían una crisis cíclica –entendiéndose como tal una coyuntura macro-económica que afecte a todos los sectores-, o una crisis sectorial, entendiéndose como un problema puntual que afecte a varios negocios de un mismo sector, como podría ser una caída de la demanda o cualquier otro cambio en la actividad.

Este mecanismo debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos.

En el caso de la causa cíclica se proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

En el caso de la causa sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Como novedades a este respecto, se incorpora el Fondo red: Adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que financiará las necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, incluida la formación.

En ambas modalidades se podrá acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses los negocios tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación.

Fuente: Autónomos y Emprendedor