La marca, uno de los activos más valiosos La falsificación de enseñas es un delito que no solo afecta a las compañías del lujo; detrás hay multitud de pymes y productos de consumo habitual.
La producción y venta de productos falsificados supone una grave infracción que vulnera los derechos que las empresas tienen sobre sus marcas. En contra de lo que muchos consumidores piensan, este delito afecta no solo a las grandes compañías del lujo, sino también a muchas pequeñas y medianas empresas que tienen en la marca quizás el activo más valioso de su negocio.
Se estima que en 2010 en España se compraron productos falsificados por un valor de 505,5 millones de euros. La Policía y la Guardia Civil se incautaron en ese mismo año de más de nueve millones de falsificaciones cuyo valor superó los 461 millones de euros. Los productos más vendidos son ahora ropa, marroquinería y complementos, según la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema).
Es un gran negocio que se origina fundamentalmente en China, de donde procede el 85% de la mercancía que entra en el espacio europeo, según datos de las aduanas comunitarias. En España, los puntos negros se localizan en Vigo y en zonas del litoral mediterráneo. En el ámbito europeo, Grecia, un país que por su delicada situación económica ha reducido drásticamente el personal de aduanas y los controles han perdido la efectividad que tenían, se ha convertido en los últimos años en un acceso fácil para las mafias internacionales que se lucran con esta actividad delictiva.
En España, las ventas a través de los manteros se han estabilizado, con picos en temporada de vacaciones en zonas de playa. Sin embargo, han aumentado mucho las transacciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico y páginas web, donde se compra sobre todo calzado, textil y relojes; también crecen las ventas de periféricos informáticos y telefonía móvil, subraya José Antonio Moreno, director general de Andema.
Esta asociación, fundada en 1988 por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, ha establecido una cronología de la falsificación: hasta 1986 el foco estuvo centrado en las marcas de lujo de gran valor añadido destinadas sobre todo a Europa y Estados Unidos; de 1986 a mediados de la década de los noventa, adquirieron auge los productos de deporte y textil.
A partir de 1995 el negocio empieza a adquirir otra dimensión y se extiende a bienes de gran consumo y poco valor añadido, como pilas, cepillos de dientes, cremas, bolígrafos, embellecedores de coches, juguetes, medicamentos, alimentos, perfumes y cosméticos… En la actualidad, casi todo es susceptible de ser falsificado, hasta vino de Burdeos o partes de automóviles y de aviones, como revela un hecho preocupante: hasta al Ejército norteamericano le colaron chips falsos que fueron detectados el año pasado en algunos de sus tanques.
Lo cierto es que, además del daño irreparable que origina al prestigio de las marcas, esta práctica ilegal supone la destrucción de puestos de trabajo y la reducción de la inversión en innovación por parte de las empresas. También es un riesgo para la salud y la seguridad de los ciudadanos, precipita el cierre de pequeños comercios y la desaparición del tejido comercial ante la competencia desleal de la venta ambulante ilegal. Disminuye , además, los ingresos fiscales y permite la explotación de personas por parte del crimen organizado para llevar a cabo la distribución de estas mercancías.
El constante crecimiento de las actividades de piratería y falsificación está estrechamente relacionado con la evolución del comportamiento social que en los últimos años gira, de forma relevante, alrededor del consumo de marcas, en particular las de prestigio. En estos momentos de crisis, el consumidor ha perdido el apego a la marca, asegura José Antonio Moreno. Andema ha realizado recientemente una encuesta entre consumidores donde destaca que en torno al 18% de la población española consume periódicamente de forma consciente marcas falsificadas. Por otra parte, el gasto medio global en este tipo de productos ha crecido y se sitúa en 38,16 euros de media por compra, o sea, 17,5 euros por encima del gasto medio registrado en el mismo sondeo hecho en 2006, que fue de 20,66 euros.
«Este resultado aumenta considerablemente las cifras de negocio de este mercado ilegal aunque la frecuencia media de compra se mantiene en términos equiparables a 2006, es decir, dos veces por año», señala el informe. También es notable el aumento del porcentaje de compras involuntarias tanto de falsificaciones como de imitaciones, es decir, se ha detectado una mayor presión para entrar en los mercados y conseguir aumentar las cuotas de venta engañando al consumidor, que parece ser ahora más permeable a la estafa.
Iván Sempere, abogado de Padima, entidad que asesora a la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana (Ateval) en aspectos legales relacionados con la falsificación y copia de marcas, destaca que la creatividad en el siglo XXI es uno de los recursos más importantes que tienen las empresas para diferenciarse y competir mejor y la forma de convertirla en un activo empresarial es a través de la propiedad intelectual. «En general, cualquier falsificación produce una merma en la capacidad de innovación de las empresas», apunta. Sempere alerta de un fenómeno que se está dando en el sector textil y es que muchas de las copias y falsificaciones que se apresan en Europa y que proceden de China tienen su origen en órdenes de empresarios europeos que se plantean fabricar en el gigante asiático productos copiados o falsificados, más baratos, en vez de comprarlos, más caros, a una empresa europea, que es la propietaria de la marca o del diseño. «Por tanto, en Europa tenemos un problema cultural importante y es necesario trabajar para conseguir que se respete la creatividad de los demás».
Este comportamiento también se da con mucha frecuencia en España en el sector textil-hogar, donde la mayoría de las copias se realizan sobre diseños, que es lo que en mayor medida decide la opción de compra del consumidor. «Efectivamente, se da el caso de que empresarios que ordenan productos a fabricantes chinos eran clientes de la compañía a la que han copiado el diseño, sin considerar las consecuencias negativas sobre la capacidad innovadora de esa empresa; además, cuando se introduce un producto en China se descontrola y aparece de inmediato incorporado en cualquier catálogo que se oferta a otras muchas empresas. Con lo cual, se acaba diluyendo el posicionamiento de ese diseño concreto y, por tanto, el valor de la marca cae automáticamente». Sempere insiste en que buena parte del problema lo tenemos nosotros, no lo tiene China, «en la medida en que el ciudadano no considera que falsificar o copiar un producto sea un delito».
La Confederación Española de Comercio (CEC) ha advertido de que la venta de falsificaciones puede provocar en los próximos años el cierre de 100.000 comercios, un sector ya de por sí muy castigado por la crisis.
Para proteger sus marcas y productos, las empresas suelen invertir recursos, además de tomar medidas legales como el registro de marcas o proteger adecuadamente sus patentes y diseños, pero no siempre resulta efectivo. La falsificación está tipificada como delito. Sin embargo, los cambios en el Código Penal que se realizaron en 2010 han supuesto una menor respuesta penal para estas actividades criminales porque solo están tipificadas como falta. «Y como tal, no es un desincentivo para el infractor. Este es un gran negocio para bandas criminales muy profesionales. Es un tráfico más que les interesa mucho porque es muy rentable y, al mismo tiempo, la penalización es leve, fundamentalmente porque falta sensibilización. La gente ve a un mantero en la calle y siente pena. Nosotros creemos que, efectivamente, es una víctima, pero también es el eslabón que contacta directamente con el consumidor», asegura José Antonio Moreno.
Fuente: Cinco Días (05/06/2012)