La Ley de Responsabilidad Medioambiental obligará a realizar inversiones a 1.700 empresas granadinas

Más de 1.700 empresas de la provincia de Granada tendrán que adaptarse de forma especial a la nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en 2007 pero cuyo desarrollo reglamentario se tramitará el año que viene. Aunque la norma afecta a todo tipo de actividades, la incidencia y, por tanto, la inversión económica será mayor en aquellas empresas potencialmente más contaminantes. Así lo adelantó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, durante la inauguración de las jornadas “La Ley de Responsabilidad Medioambiental: impacto en las empresas andaluzas”, en las que también participaron los delegados de Medio Ambiente, Javier Aragón, y de Economía y Empresa, Francisco Cuenca.

El objetivo de este ciclo de jornadas, que se están celebrando en todas las capitales andaluzas gracias a un acuerdo de colaboración entre la CEA y el Servicio Andaluz de Empleo, es propiciar un mejor conocimiento de la nueva ley ambiental entre las empresas, para que puedan determinar el previsible efecto económico que tendrá su aplicación.

Cuerva pidió durante su intervención que la Junta aplique la ley “de forma paulatina y coherente, conforme a la realidad de nuestro tejido empresarial, para evitar posibles pérdidas de competitividad los sectores industrial, ganadero y de transporte, que serán los más afectados”.

El presidente de la CGE explicó que, de las 1.700 empresas granadinas más afectadas por la nueva normativa medioambiental, un 49% corresponde al sector primario (explotaciones ganaderas y agrícolas intensivas, minería); un 18% está relacionado con el sector secundario (principalmente industria química, de generación eléctrica y cementeras) y un 32% corresponde al sector servicios (básicamente empresas de servicios y distribución que incluyen en sus procesos productivos vertidos y residuos peligrosos, como estaciones de servicios, transporte, restaurantes y hoteles en el medio rural).

“Andalucía es, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma más afectada por la Ley de Responsabilidad Medioambiental, ya que serán alrededor de 14.000 las empresas andaluzas que previsiblemente tendrán que constituir una garantía financiera para hacer frente a las exigencias de la normativa”, señaló Cuerva.