El 48% de los jóvenes que se lanzan a emprender se acogen a la tarifa plana La AIReF considera necesario mantener la tarifa plana de los autónomos dadas las circunstancias económicas actuales. La mitad de los jóvenes que emprenden lo hacen acogidos a esta bonificación de la cuota.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) defiende el mantenimiento de la tarifa plana para autónomos, que permite el pago reducido de las cotizaciones de nuevos autónomos durante los dos primeros años de alta. Esta bonificación, que entró en vigor en 2013, permite a los trabajadores por cuenta propia pagar una cuota de 60 euros durante el primer año. Durante el segundo, el importe va aumentando cada tres meses hasta llegar a los 283 euros de cuota mínima establecida en 2020.

La entidad supervisora realizó un informe, ‘Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo’, para analizar la eficacia de las principales ayudas al trabajo por cuenta propia. Una de las conclusiones que se desprenden del documento es que, dadas las circunstancias económicas actuales, no es momento de retirar este incentivo.

Durante ese año, se acogieron a la tarifa plana alrededor de un 45% de los autónomos que se dieron de alta en el RETA, y aunque estos beneficiarios representaron sólo un 10% del total de autónomos, el porcentaje se dispara hasta el 48% en el caso de los menores de 30 años. Es decir, prácticamente la mitad de los jóvenes autónomos cotizan a través de esta bonificación. No obstante, la AIReF advirtió de una reducción de los mismos en los últimos años: la representación de los jóvenes dentro del colectivo pasó del 7,3% en 2012 al 6,5% en 2018.

Hace que los negocios de los jóvenes tengan una mayor supervivencia

Uno los objetivos del informe fue comprobar si la introducción de la tarifa plana produjo algún cambio en la probabilidad de que un joven desempleado iniciase una actividad por cuenta propia. Los resultados manifestaron un verdadero aumento en la altas de este grupo, sin embargo la principal incidencia del mismo se vio en personas con un nivel de formación medio-alto y que llevan poco tiempo parados. “No hay evidencia de que la tarifa plana haya tenido efecto sobre los desempleados con baja cualificación o bajo nivel educativo”, apuntó. Por lo que la entidad anima al Gobierno a enfocarlo más en estos grupos.

Sin embargo, la supervivencia de los jóvenes autónomos beneficiarios de tarifa plana es superior a la de los no beneficiarios, aunque esa diferencia se reduce con el tiempo y las cifras se igualan una vez que finaliza el periodo de cuotas reducidas –al completar el tercer año–. Es decir, este mecanismo de cotización, que permite pagar cuotas más bajas a la Seguridad Social, facilita que la actividad laboral de los trabajadores por cuenta ajena menores de 30 años se prolongue más en el tiempo, reduciéndose a medida que aumentan las cotizaciones.

El organismo analizó el impacto de siete tipos de incentivos entre 2012 y 2019,  que se aplican en forma de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social. El objetivo de la AIReF es analizar si cumplen con su función, es decir, si realmente mejoran la empleabilidad de los colectivos que los reciben y contribuyen a que mantengan su trabajo.

En este sentido, el organismo supervisor concluyó que, si bien son medidas efectivas en momentos de crisis, sus efectos son “modestos” y poco longevos, ya que “no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo” En este sentido, alertó que para mejorar los resultados de estos mecanismos de impulso laboral, deberían orientarse sobre todo a “colectivos muy específicos de baja empleabilidad”

Los incentivos son útiles en momentos de recesión

En el periodo analizado por la AIReF, el importe  destinado a reducciones y bonificaciones por la tarifa plana fue de alrededor de 3.500 millones de euros. Los autónomos son, junto a las personas con discapacidad, el grupo que más inversión recibió en 2018. En concreto, a la tarifa plana se destinó cerca de 650 millones de euros, lo que supuso el 32% del total de gasto público en incentivos. Además, el coste para la Seguridad Social fue de algo más de 600 millones de euros y alcanzó a unos 600.000 beneficiarios, de los cuales una tercera parte fueron menores de 30 años, informa la institución.

España cuenta con más herramientas que fomentan el trabajo por cuenta propia, como es el caso de las bonificaciones ligadas a la conciliación de la vida personal y familiar del colectivo. En 2018, este tipo de incentivos supusieron unos 80 millones de euros, que se suman a otros 31 millones dirigidos a la venta ambulante y los territorios de Ceuta y Melilla.

A pesar de ello, la conclusión general  es que hay que dedicarlos a colectivos más concretos. Además, la AiRef insiste en que no pueden sustituir a las reformas laborales necesarias en España. «Si están bien diseñados, los incentivos pueden ser eficaces en momentos puntuales. Por ejemplo, en recesión. Ahora mismo podrían ser eficaces para los jóvenes. Y no sólo tienen que ir dirigidos a un momento particular ni tampoco al conjunto de la población, sino a colectivos de baja empleabilidad», explicó la presidenta del organismo, Cristina Herrero.

El problema es que  España es de los países que más porcentaje del PIB destinan a estos incentivos, de hecho, somos el quinto país que más gasta, tras Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Bélgica y, a la vez, en el que los beneficiarios cobran una menor cuantía media, asegura la AiReF.

Fuente: Autónomos y Emprendedor