La reforma de la Ley de Costas abrirá nuevas zonas de explotación en Granada

Zonas como El Caletón, La Guardia o la continuación de Playa Granada podrían ser explotadas turísticamente · En la comarca, los empresarios esperan con expectación saber en qué consistirá en concreto esta anunciada reforma.

La Ley de Costas de 1988 ha entrado en la cuenta atrás y sus numerosos detractores han asistido con esperanza (y sus defensores con horror) al anuncio realizado la semana pasada por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de reformar de manera «muy profunda» dicha legislación. Los motivos que se aducen son «poner en valor» el litoral, dar «seguridad jurídica», así como la «simplificación de la normativa ambiental» para agilizar trámites. En la filosofía de esta reforma se dice que está alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea de playa.

Del discurso del ministro competente se desprendía la idea de que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico, una idea que despierta pasiones tanto en sentido positivo como negativo. Desde el Ministerio explican que la Ley de Costas «ha creado un grave problema de inseguridad jurídica» y que «se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio», con las cuales pretenden acabar.

En la Costa Tropical, los empresarios esperan con expectación saber en qué consistirá en concreto esta anunciada reforma, de la que sólo se sabe que Arias Cañete ha encargado un estudio. Así, se empieza a especular en qué se traducirá en el futuro la remozada norma. El portavoz de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, cree que se abren nuevas posibilidades para zonas como la comprendida entre La Caleta y el Peñón de Salobreña, que «se puede convertir en la joya» del litoral granadino. Sin embargo, puntualiza que «debe hacerse con una buena planificación urbanística y respetando las tendencias de construcciones bajas (como en El Caribe)». Otros lugares en los que los hoteleros han puesto sus ojos y que hasta ahora no había sido posible pensar en plantar construcciones cerca del mar es Carchuna, en cuya primera línea existen invernaderos, aunque el tirón de la agricultura en la zona y la dificultad a la hora de hacer inversiones hace impensable ahora mismo la idea de quitar las estructuras de plástico para sustituirlas por hoteles.

También se ‘sueña’ con prolongar la zona hotelera y residencial de Motril hacia Salobreña, a lo largo de la Playa de La Cagaílla, ahora mismo ocupada hacia dentro por marjales de tierra.

Pero si hay alguien que espera con ansiedad saber en qué consistirá la reforma de la Ley de Costas son unos de los principales afectados: los que regentan chiringuitos, que señalan que en los últimos años no han ganado para sustos, a pesar de que la Ley de Costas es la misma desde hace 24 años. La fuente de conflictos ha estado en la interpretación de la norma.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, comenta que aún no les ha dado tiempo para debatir este tema en el seno de su agrupación, ni en la federación andaluza en la que él ocupa un cargo directivo, aunque es consciente de que «la reforma lo que pretende es alargar las concesiones a los establecimientos de playa y autorizar nuevos usos en la costa», algo que valora sin lugar a dudas como positivo.

Trujillo recuerda que él nunca se ha caracterizado por ser un enemigo a ultranza de la Ley de Costas: «Yo siempre he defendido una interpretación flexible de la norma que permita conjugar los intereses de todos». No obstante, opina que «el espíritu con el que nació la Ley de 1988 y la realidad económica de aquella época eran muy distintas a la actual». También recuerda que «en la Costa granadina vivimos muchas familias de los negocios de playa, no sólo los empleos directos que generan, que en la temporada estival se multiplican, sino que también hay muchas empresas y proveedores que suministran artículos».

Precisamente, el único uso del litoral actualmente ‘autorizado’ es el de los chiringuitos, sin embargo, ahora se están estudiando otros nuevos, lo que hace levantar sospechas de ciertos sectores sociales.

A pesar de que Cañete dijo que esta reforma legal «a fondo» se hará para «poner en valor el litoral» y para «armonizar el desarrollo económico con una decidida protección de los recursos naturales», los ecologistas no se fían.

Greepeace sostiene que «hasta el momento, las reformas a la Ley de Costas planteadas en el Senado y en el Congreso por el PP desde la oposición han estado encaminadas a privatizar el litoral permitiendo un uso industrial y una destrucción masiva de la costa».

Por su parte, Ecologistas en Acción recuerda al nuevo Gobierno que «reformar en profundidad la Ley que garantiza la salvaguarda y el uso público de la costa es una forma de dar vía libre a la especulación y al ladrillo».

Fernando Alcalde, responsable de Medio Ambiente de IU y miembro de la asociación ecologista Buxus, cree que se camina hacia una desprotección del litoral y a una desrregularización generalizada. En cuanto a la Costa Tropical, cree que ahora pueden sufrir las consecuencias zonas como la de acantilados de El Caletón, en Salobreña. Tampoco cree que se escaparán de la nuevas construcciones a pie de playa Almuñécar, Salobreña o Albuñol. En este último caso, recuerda que la nueva norma puede acabar con el conflicto planteado entre los agricultores que se apropiaron de terrenos ganados al mar en este último municipio costero, que se encuentran actualmente en litigio con Costas. «Es de pánico», concluye.

Fuente: Granada hoy (18/01/2012)