La nueva Ley de Formación Profesional buscará incentivar el empleo
El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este martes la Ley de Formación Profesional, un ambicioso proyecto educativo que debe poner orden en estas enseñanzas, cada vez más demandadas y siempre en permanente, y nunca conseguida, mejora. Pero además la ley deberá reordenar la formación de parados en medio del escándalo de los cursos, que amenaza con convertirse en un ‘caso ERE-2’. En este sentido, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha anticipado que la formación de los parados va a ser derivada en buena parte hacia el sector público, es decir hacia los institutos. Queda por saber cómo se adaptarán éstos para acoplar la nueva demanda y qué quedará para las academias privadas.
En este capítulo, la nueva Ley va a ser la encargada de imponer los férreos controles que Díaz ha anunciado para que no se produzcan nuevos fraudes y se recogerá el principio de no exoneración. La presidenta ha proclamado que Andalucía es la única administración que aplica este principio, «una prerrogativa legal que sí utilizan el Gobierno de la nación y otras comunidades autónomas». No obstante, la Junta sí permitió la exoneración, que no implica no justificación, sino que permite recibir la subvención y justificarla a posteriori, cuando el equipo de José Antonio Griñán llegó al Gobierno andaluz, para, basándose en la Ley de Hacienda Pública, desbloquear el gran atasco que existía en el departamento, según fuentes consultadas. Asimismo, la Ley de formación va a establecer la concurrencia competitiva para la convocatoria de los cursos.
Pero, sobre todo la Ley quiere estimular la creación de empleo. La presidenta de la Junta ha marcado como directriz al equipo de Educación, que dirige Luciano Alonso, que «dé respuestas a las demandas del mercado laboral de cara al futuro y estimular la creación de empleo».
De este modo, la ley quiere contribuir al cambio del modelo en Andalucía que enuncia la presidenta de la Junta, con un nuevo concepto de demandante y de ofertante, además de unir la universidad y los estudios medios con la empresa, de forma que se logre que se imparta una formación cualificada que responda a la demanda del mercado laboral.
Adaptar la Lomce
Por otro lado, la ley deberá adaptarse a la Lomce, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Educación o Ley Wert. El consejero ha anunciado que, pese a los problemas de falta de financiación, la FP Básica andaluza va a establecer una ratio máxima de alumnos por aula de 20, y no de 30 como establece la norma, y que se complementará con 100 horas más de formación troncal, de cara a que los alumnos procedentes de esta enseñanza no estén en desventaja respecto a los de la ESO en las pruebas de reválida.
Además, se mantendrá la oferta de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y se ofertará 505 unidades y plazas para 9.860 alumnos. Aunque Andalucía ha intentado retrasar la entrada en vigor de la Lomce, el Tribunal Supremo ha rechazado su recurso y le obliga a no dilatar la puesta en marcha. En materia de FP, Alonso ha calculado que el Gobierno no garantiza la financiación de estas enseñanzas ya que estima su implantación en 241 millones de euros, teniendo en cuenta las instalaciones, equipamientos y equipos directivos que la ley no contempla ni permite financiar con la fórmula de convenio impuesta. Frente a esta cifra, el consejero afirma que el Ministerio sólo ofrece 117 millones. Pese a ello, la Junta ha afirmado que mantendrá la oferta, incluso con mejoras.
La Ley de Formación Profesional ha sido elaborada en base a un anteproyecto realizado por personal técnico de la consejería y expertos, pero no ha sido consultado el Consejo de Formación Profesional, según ha denunciado CC OO., como se preceptivo, lo que ha considerado «de una gravedad extrema».
