Cámara de España y Comercio destinan 6 millones a impulsar la transformación digital del pequeño comercio

La Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España impulsarán la transformación digital del comercio minorista, a través del ‘Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista’, que contará con una dotación de seis millones de euros para 2019.

En concreto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, han rubricado este miércoles este convenio.

De esta forma y a través de las actuaciones contempladas en el programa se mejorará la competitividad de 38.000 comercios en toda España con un presupuesto de seis millones de euros. De esta cifra, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad aportará dos
millones de euros y la Cámara de España un total de cuatro millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La prioridad de este plan es impulsar la digitalización del comercio como elemento clave para mejorar la competividad del sector y sus actuaciones tienen como objetivo fomentar la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en habilidades comerciales, la dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales, la revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales, la promoción del turismo de compras y el impulso al comercio electrónico.

El programa se desarrollará en torno a cuatro tipos de actuaciones como son el de innovación comercial, la capacitación de innovación, la dinamización de las ventas en zonas comerciales y la mejora de la competitividad de las áreas comerciales urbanas y equipamientos comerciales.

Desde 2013, año en el que se inició el programa, se han dedicado un total de 26,8 millones de euros a la modernización del comercio minorista, cifra que ha permitido apoyar a un total de 177.000 establecimientos incrementando sus ventas y su nivel de competitividad.

Fuente: El Economista